Firmaron un acuerdo que tiene como objetivo principal atender la escasez de peritos oficiales en el fuero civil, comercial y laboral de la provincia.
La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires celebraron un acuerdo de colaboración recíproca para fortalecer el sistema judicial de la región. El convenio, firmado por el Rector de la UNLaM, Dr. Daniel Martínez, y el titular de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Dr. Sergio Torres, tiene como objetivo principal atender la escasez de peritos oficiales en el fuero civil, comercial y laboral de la provincia de Buenos Aires, que actualmente se limitan al fuero penal y al fuero de menores.
Mariano Gastón Sohaner, juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 del Departamento Judicial La Matanza y docente de la UNLaM desde el año 2005, quien fue una figura clave en la gestación de este acuerdo, compartió su experiencia y brindó detalles sobre la importancia de este convenio.
En su testimonio, el juez Sohaner destacó la falta de especialistas en el sistema judicial y cómo esto afecta la calidad de las pericias. Explicó que “en cada departamento judicial, existe una asesoría pericial con peritos de diversas especialidades. Sin embargo, la limitación de peritos oficiales al fuero penal y de menores crea una necesidad de recurrir a peritos de lista en casos civiles, comerciales y laborales”. Actualmente, el sistema judicial enfrenta una carencia de peritos especializados en informática y en varias especialidades médicas.
Como resultado de esta necesidad, el Dr. Sohaner, en colaboración con el decano del Departamento de Derecho y Ciencia Política, Dr. Luis Busnelli y el Rector, Dr. Daniel Martínez, se embarcaron en un esfuerzo conjunto para formalizar una iniciativa que cuenta con antecedentes positivos. Finalmente, con la colaboración de la Suprema Corte de Justicia lograron establecer un acuerdo que permite a los profesionales judiciales recurrir a la Universidad cuando se requiere una pericia en un área no cubierta por los peritos de lista de la Cámara. Este acuerdo brinda una solución efectiva y especializada a la escasez de peritos en campos específicos, mejorando la calidad y eficiencia del sistema judicial.
El primer antecedente que impulsó este acuerdo se relaciona con un caso de mala praxis médica en el cual un perito de lista realizó una pericia que posteriormente fue impugnada. Esta situación generó dudas en el juez sobre la calidad de las pericias de peritos de lista. Como resultado, se decidió buscar apoyo en la UNLaM a través de la cátedra de Medicina Legal, que proporcionó una pericia de alta calidad, resolviendo el caso de manera efectiva.
El juez Sohaner subraya que el valor principal de este acuerdo radica en la capacitación, instrucción y dedicación de los profesionales de la UNLaM en comparación con los peritos de lista que pueden estar sobrecargados de trabajo. Además, menciona la importancia de que los peritos de la Universidad cuenten con un respaldo y prestigio académico que influye positivamente en la percepción de las pericias por parte de los letrados y las partes involucradas en un caso.
“La UNLaM, como polo académico de La Matanza, es reconocida por su excelencia en la formación de profesionales y se considera una fuente confiable de recursos altamente capacitados”, expresó Sohaner.
Para el juez, haber desempeñado un papel central en la elaboración de este acuerdo es motivo de doble satisfacción. “Como docente de la UNLaM, siento un profundo amor y compromiso hacia la institución, en la que estoy involucrado desde hace muchos años como docente de tres cátedras. Como juez, es un orgullo poder contribuir a mejorar el servicio de justicia, aumentar la calidad y agilidad de los procesos judiciales y reducir los tiempos de resolución de casos”, explicó.
Este acuerdo representa un paso significativo en la optimización del sistema judicial de Buenos Aires, donde antes se tardaban meses en designar peritos, pero ahora, gracias a la colaboración entre la UNLaM y la Suprema Corte de Justicia, este proceso se ha agilizado enormemente, reduciendo los tiempos de espera a tan solo una semana.
